RECORDANDO LEGISLACIONES VALIENTES

REINO UNIDO

JUEVES, 30 DE ENERO DEL 2014 - 19.43 H

Las autoridades del Reino Unido podrán retirar la nacionalidad a algunos ciudadanos británicos sospechosos de terrorismo, según la nueva legislación aprobada el miércoles en la Cámara de los Comunes.

La enmienda a la ley de inmigración, introducida en el último momento por la ministra del Interior, Theresa May, salió adelante con una aplastante mayoría de 297 votos a favor, frente a 34 en contra. El ministerio del Interior ya tenía poder para retirar la nacionalidad británica a los sospechosos de terrorismo con doble nacionalidad, pero la nueva modificación afectará además a los británicos nacidos en el extranjero, aunque naturalizados en el Reino Unido.

Los castigados con la nueva norma quedarán en condición de apátridas. "Ser un ciudadano es un privilegio, no un derecho", declaró el responsable de Inmigración, Mark Harper. "Los individuos muy peligrosos podrán de esta forma ser excluidos, si eso resulta de interés público".

Sin embargo para la organización en defensa de los derechos humanos, Reprive, calificó la medida de "alarmante" porque el ministerio del Interior podrá a partir de ahora "romper los pasaportes de la gente sin necesidad de pasar por ningún tipo de proceso".
La presentación de la enmienda, muy pocas horas antes de la votación, se interpretó como una concesión por parte del Gobierno a los rebeldes tories, que una vez más habían retado la autoridad de David Cameron. Un grupo de casi un centenar de ellos presentó una propuestacon la que pretendían prohibir a los delincuentes extranjeros el uso de la legislación europea para evitar su deportación.

Más de 200 extranjeros apelan cada año contra su expulsión del país y un 90% de ellos se apoyan en “el derecho a la vida privada y familiar”, previsto en el artículo 8 de la Convención Europea de derechos del Hombre. La iniciativa fue ampliamente derrotada. Otra de las propuestas de los rebeldes, también rechazada, trataba de restablecer hasta el 2018 las restricciones de acceso al trabajo de ciudadanos rumanos y búlgaros, algo que sería simplemente ilegal.