Las fuentes del derecho generan en ocasiones situaciones muy difíciles de asumir por aquellos ciudadanos que respetan las leyes y son víctimas de criminales y asesinos. Este es el caso de las interpretaciones que desde Europa se ha dado a una práctica comenzada a aplicar en España a partir del año 2006 y que se ha dado en llamar “Doctrina Parot”.
La "Doctrina Parot" buscaba que aquellos criminales que habían resultado reos de crímenes de especial dureza cumpliesen el máximo de prisión que permite la ley penitenciaria española, que se sitúa actualmente en treinta años. Se estaban dando casos de asesinos que pese a haber recibido condenas de cientos de años, a los diecisiete años, o antes incluso, ya estaban libres.
En esencia, esta medida consistía en no realizar el descuento de penas de ese máximo legal de treinta años, sino de la totalidad de la condena. Con ello se conseguía que criminales especialmente peligrosos cumpliesen ese máximo permitido. Una medida justa para criminales con decenas de muertes a sus espaldas.
Existía pleno acuerdo entre las fuerzas legitimadas democráticamente, con excepción de elementos procedentes de la cantera terrorista y de un pequeño sector de la mal llamada "izquierda", que no son más que cómplices de asesinos convictos.
Hoy, una tremenda sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho mella en la sociedad española, dando licencia y recompensa a quienes han cometido las peores atrocidades de la moderna Historia de este país.
Hoy, nuevamente, algunos que ocupan puestos de responsabilidad en el concierto Europeo, han dado muestras de que la miseria y podredumbre están muy enraizadas en el seno de la Unión Europea.
EL ASESINO DESPIADADO
Henri Parot es el nombre de un indivíduo responsable de 82
asesinatos, los más desgarradores cometidos en el criminal atentado contra la
Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, donde obtuvo el infame galardón
de cinco niñas y dos mujeres asesinadas.
Uno de tantos asesinos que son capaces de matar y asesinar
despiadadamente, en el nombre de absurdas reivindicaciones, por estúpido y
vanidoso ego personal o, sencillamente, por odio injustificado e
injustificable.
Por todo ello, la Justicia española le condenó a penas que
sumaban un total de 4800 (sí, cuatro mil ochocientos) años de cárcel.
LA ASESINA DESPIADADA
Posteriormente aparece una nueva protagonista de negra alma, esta vez en la
figura de Inés del Río, condenada por 23 asesinatos a más de 3.000 años de
cárcel. Asesinatos entre los que destacan el cometido en la Plaza de la República
Dominicana en Madrid, donde ella solita asesinó a doce guardias civiles, o la
masacre de otros cinco en la calle Juan Bravo. Toda una heroína para las peores
miserias humanas.
Estos dos especímenes pasaron a beneficiarse de las bondades (excesivas a mi personal entender) del sistema penitenciario español, en el que se contempla como periodo máximo de encarcelamiento en treinta años. Y se llegó al caso en el que Henri Parot debía salir a la calle tras poco más de quince años, algo que ninguna persona que merezca el calificativo de "ser humano" debería dar por bueno, tras haber segado la vida de 82 personas.
El estupor que ha levantado la resolución del tribunal europeo es mayúsculo. Existe, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Supremo, un total acuerdo de fondo y de forma con respecto a la validez del criterio que establece la doctrina Parot. Es una aberración que quien ha sido responsable de un historial criminal tan horrendo como el que presenta la mayoría de los terroristas de la banda asesina ETA pueda estar nuevamente en la calle transcurridos sólo poco más de quince años. Como bien ha dicho el ministro, no llega a un año de condena por cada persona asesinada.
Es lamentable que un tribunal europeo, conocedor del gravísimo problema que España tiene con el terrorismo etarra, haya sencillamente respaldado a los asesinos. Que haya realizado una interpretación de la ley de manera sesgada, en contra del parecer de toda la sociedad a la que afecta, que es la sociedad española.
Todo han sido voces de rechazo. Salvo las estupideces a las que nos tiene acostumbrados Gaspar Llamazares, que ha pedido al Gobierno que acate el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la aplicación de la "doctrina Parot" a la etarra Inés del Río y que no busque subterfugios, como "retenciones ilegales", que puedan llevar a futuras condenas. Una nueva estupidez que sale del hocico de quien debiendo estar pidiendo derechos para la sociedad, los pide para los criminales en un intento absurdo de atraer un voto que no sabe que está en manos del integrismo nacionalista. Pero bueno, así nos va a los trabajadores en este país.
Y por supuesto, los criminales que apoyan a los asesinos; ellos también han tenido su ración de alegría ante el apoyo directo del tribunal europeo a la concesión de libertad a sus secuaces carniceros.
Ha habido otras declaraciones valientes que afortunadamente dejan a nuestra sociedad en mejor lugar que estas anteriores, y son las de la asociación Dignidad y Justicia, que ha recordado que en países como Inglaterra no se cumplen las sentencias del TEDH si son incompatibles con sus ordenamientos jurídicos. Y esto debería ser tenido en cuenta.
El caso es que el varapalo que supone esta injerencia en la justicia española debe servir como acicate para poner sobre la mesa asuntos pendientes, como es el cumplimiento íntegro de penas sin posibilidad de redención de las mismas. O la cadena perpetua. Y no vayamos más allá, porque la pena de muerte es algo que en Occidente debe ser evitado a toda costa en procesos civiles. La pena de muerte es la única en la que no es posible dar marcha atrás en el caso de error judicial (VER NOTA 1)
Mientras tanto seguiremos viendo cómo los organismos europeos dan la llave para la puesta en libertad de asesinos del tipo del etarra Juan José Zubieta, condenado a 1.309 años por el atentado en 1991 contra la casa cuartel de Vic (Barcelona) que causó la muerte de 11 personas, entre ellas cinco niños. O también Juan José Legorburu "Txato", condenado a 746 años por diversos atentados y ocho asesinatos, entre ellos el del jefe de la Policía Municipal de Amorebieta (Vizcaya) en 1979; Juan Carlos Arruti "Paterra", que cumple una pena de más de 1.200 años por catorce asesinatos, o José Antonio López "Kubati", condenado, entre otros atentados, por el asesinato de la etarra "Yoyes".
Santiago Arrospide "Santi Potros", jefe del aparato militar y condenado como inductor del atentado de Hipercor, o Juan Lorenzo Lasa Mitxelena "Txikierdi", con seis asesinatos y 374 años de condena, también figura entre los 61 presos que se supone van a ser excarcelados y recompensados económicamente.
Y tras de estos criminales, una larga lista… asesinos de niños, violadores, gentuza de la peor ralea, malvados a los que esta interpretación sesgada de la justicia ha abierto las puertas de sus celdas. Y encima con la guinda final de condenar al Estado al pago de una indemnización económica. En el caso de esta asesina, un montante de treinta mil euros. Indemnización que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se ha apresurado a confirmar que no le será entregada, ya que fue el Estado quien adelantó las indemnizaciones a las víctimas de sus crueldades y, por tanto, a quien estas alimañas deben compensar por todos los daños causados; si es que la pérdida de una vida se puede compensar con cualquier cosa material.
Hoy es un triste día para las personas de bien en España. Un día en el que nuevamente algunos que regulan la justicia se niega a dar a cada cual aquello que merece. Y como siempre, son esas mismas personas de bien quienes sufren las consecuencias de las absurdas decisiones de quienes entregados a una muelle vida de caros vinos y jugosas viandas han perdido el sentido que les debe guiar en su noble tarea de impartir Justicia.
Nuevamente, como tantas otras veces ha sucedido, la miseria y la maldad se imponen en el mundo. Con la ayuda y beneplácito de quienes deberían haberlas combatido.
NOTA 1: no es posible extrapolar este rechazo a la pena de muerte para aplicarlo al caso de Israel frente al terrorismo palestino. Mientras se lleven a cabo acciones terroristas de carácter militar contra ciudadanos civiles indefensos, siempre se deberá aplicar el código de Justicia Militar. Y en éste, la pena de muerte debe seguir vigente.
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